Otro Angel al que le cortaron las alas

Ángel Daniel Verón tenía 43 años al momento de su muerte. Antes había sido detenido 23 veces en un lapso de dos años. Era un campesino dedicado a la cría de chanchos que había sido desalojado junto con su esposa y sus diez hijos. Por su situación habitacional, Ángel recorrió reparticiones del Estado sin obtener respuesta, hasta que decidió armar una carpa al frente de la Casa de Gobierno provincial. A partir de ahí se convirtió en un referente social y se unieron a él varias familias. Así se conformó una agrupación dentro de la multisectorial (MTD) llamada «No al Desalojo». 

El 24 de septiembre de 2015, esta agrupación hizo un corte parcial en la ruta nacional 11. Pasadas las 18 llegó al lugar personal policial de la comisaría Cuarta, la División de Infantería y el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE). Estaban dispuestos a reprimir la protesta. Ante la presencia policial, la agrupación decidió replegarse y volver a sus viviendas, pero los policías comenzaron a perseguirlos. En ese contexto, detuvieron a Ángel junto a su hermano Rogelio. Distintos testigos contaron que fueron arrastrados hasta camión policial, golpeados con patadas y palos. La familia perdió contacto con los dos hermanos hasta que al día siguiente hicieron una presentación judicial y les informaron que Ángel estaba hospitalizado en Resistencia.

Cuando su esposa fue a verlo, lo encontró esposado a la camilla en estado de coma inducido. Le dijeron que había llegado «con las tripas afuera» producto de una grave herida en el abdomen. El 19 de octubre, casi a un mes después de la represión, Ángel murió. Las versiones oficiales apuntaban a «causas naturales» porque el certificado de defunción emitido por el hospital Perrando habló de una «enfermedad» como causal de fallecimiento.

 

Al exhumar el cuerpo, se supo que Ángel murió por los golpes que recibió al momento y durante su detención. Tenía una herida quirúrgica preexistente, que se agravó por efecto de la golpiza. En la investigación quedó comprobado que antes de morir había sido víctima del hostigamiento policial: seguimiento de móviles policiales para amedrentarlo, constante solicitud de identificación, agresiones verbales y hasta un allanamiento irregular de su casa. La difusión del caso provocó la renuncia del entonces ministro de Gobierno, Javier Oteo, así como del secretario de Seguridad, Marcelo Churin; y el jefe de Policía, Gustavo Peña